Industria farmacéutica, ¿ética o negocio? LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA: ¿NEGOCIO O ÉTICA? La industria farmacéutica es aquel sector que abarca numerosas instituciones, organizaciones y empresas (públicas y privadas) dedicadas al descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos destinados al tratamiento y prevención de enfermedades humanas y animales. Hoy día, la industria farmacéutica es sin duda una de las más rentables y provechosas del mundo. Según la revista Fortune 500 list (la lista de las 500 mayores empresas del mundo), en 2002 el volumen de beneficios de las 10 mayores farmacéuticas superaba los beneficios acumulados por las otras 490 empresas de la lista. Curiosamente, en estos últimos años de crisis económica, al contrario de otros sectores industriales, el sector farmacéutico se ha mantenido muy bien a flote, al mismo tiempo que sus ganancias no se han visto en absoluto perjudicadas. De hecho, han obtenido beneficios históricos durante este periodo. Al menos en el caso español, el desplome del gasto farmacéutico público (debido a políticas gubernamentales tales como los recortes, el copago o la reforma sanitaria de la ex ministra Ana Mato) ha condicionado enormemente el aumento del gasto farmacéutico privado, puesto que mucha gente se ha visto obligada a recurrir a la sanidad privada para poder cubrir sus necesidades médicas, lo cual ha propiciado un aumento sustancial de las ventas de los productos de las multinacionales. En palabras de la Dra. Marcia Agnell, ex directora de la revista médica de mayor impacto, el New England Journal of Medicine, “una industria con tal volumen de ganancias es como un gorila de 500 kg: hace lo que quiere”. No obstante (y he aquí el quid de la cuestión), son muchas las personalidades destacadas y asociaciones del ámbito sanitario que denuncian que son las actividades o prácticas al borde de la ley la verdadera razón por la cual las empresas obtienen tal cantidad de beneficios, siendo la más conocida la de llegar a cambiar “estéticamente” (o produciendo minúsculos cambios moleculares) el medicamento para que el Estado pueda conceder a dichas empresas un derecho de venta exclusivo (lo que se conoce como una patente sobre el producto), alegando éstas que han llevado a cabo un cambio “innovador”. Esta práctica se conoce como evergreening o perennidad de patentes. Un claro ejemplo sería el caso del Glivec, un anticancerígeno de la multinacional suiza Novartis al que, en abril de 2013, un tribunal de la India dictaminó que no se le concedería el derecho a la patente, alegando que el producto no incluía verdaderas “innovaciones”, pues se trataba de una mera modificación de una muy conocida molécula que se sabe que impide la expansión de las células cancerígenas. De tal modo, la India pudo producir el equivalente genérico, que salía por 156 euros mensuales, mientras que el Glivec tenía un precio de 2.000 euros al mes, 13 veces más caro: las leyes indias sobre patentes estipulan que, cuando una empresa (que opere en su país) quiera renovar su patente sobre un producto suyo y para ello lleve a cabo acciones fraudulentas de dudosa legalidad como la anterior, se le negará el derecho a la exclusividad y los laboratorios indios podrán fabricar legalmente un equivalente genérico, habitualmente mucho más barato que el medicamento original, tal y como se ha visto. Además, las negociaciones bilaterales que están llevando a cabo EE.UU y la Unión Europea para acordar un Tratado de Libre Comercio, que muy probablemente beneficie los intereses de las grandes compañías farmacéuticas y ponga en jaque a los países exportadores de genéricos a nivel mundial (y que sobre todo venden a países del Tercer Mundo), hace creer que la situación no mejorará a corto plazo. No es extraño, por tanto, pensar que, no sólo el sistema mundial actual de Investigación y Desarrollo (I+D), sino también el modelo del propio mercado farmacéutico en sí, anda en efecto mal encaminado. Rafael Vilasanjuán, portavoz del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), propone la creación de un Tratado de Innovación y Desarrollo, el cual consistiría en que cada país miembro de la ONU pagase una cuota mensual o anual a un fondo común de esta organización. Esta, a su vez, establecería qué laboratorio debería investigar X enfermedad y financiaría ésta con dichos fondos. Una vez el laboratorio lograse dar con el tratamiento, éste sería recompensado con miles de millones de euros. ¿Qué ventajas se lograrían de esta manera? La principal ventaja sería la ausencia de patentes puesto que con la recompensa económica el laboratorio ya obtendría unas ganancias muy altas sin siquiera haber costeado la investigación y, por consiguiente, la libre venta a todos los países que hubiesen contribuido económicamente. De esta manera “aunque les recompenses con miles de millones, seguirías ahorrando” afirma James Love, director del Knowledge Ecology International. Por lo tanto, es lógico que, algo tan sensible y vital como es la salud y el bienestar de las personas (derecho fundamental de los seres humanos según la Constitución de la OMS de 1946 y de acuerdo con el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948) no debería hallarse en manos de empresas privadas, en tanto que estas se guían, para establecer el precio de sus fármacos, por la oferta y la demanda del “libre mercado”, sino que debería estar bajo el control de instituciones y organizaciones públicas que, tal como defiende Teresa Forcades, monja benedictina, doctora en Medicina y Teología y autora del libro Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas, velasen por el bien común, de forma justa y sin excluir a nadie. Pablo Peña Extraído del Treball de Recerca Análisis del mercado farmacéutico de Luis Asquí y Pablo Peña. Segundo de Bachillerato. 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